La audiencia del interesado es un trámite esencial en ciertos procedimientos. Su omisión fuera de los casos expresamente permitidos por la ley supone el incumplimiento del procedimiento legalmente establecido, lo cual implica, según la gravedad, un vicio determinante de anulabilidad o nulidad de pleno derecho del acto dictado.
Por normal general, se toma como un vicio del procedimiento que implicará la anulabilidad por dar lugar a la indefensión de los interesados. Ahora bien, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, se requiere para ello que la indefensión sea real y efectiva, esto es, que el interesado no haya podido realizar alegaciones en ningún momento del procedimiento. Mientras que, si la omisión del trámite tiene un carácter meramente formal, no cabría, según el Supremo, la anulación (STS 3360/2015).
Por su parte, para que pueda a considerarse nulo de pleno de derecho el acto, es preciso que se haya prescindido totalmente y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo cual, con la omisión de un único trámite como es el de audiencia no se produce.
¿Cómo se puede reaccionar frente a la resolución de un procedimiento en el que figurábamos como interesados pero no se nos ha concedido el debido trámite de audiencia? La primera vía de reacción que tenemos contra una decisión como esta es la del recurso administrativo ordinario, es decir, un recurso de alzada o uno de reposición, en función de si nos dirigimos contra un acto que pone fin a la vía administrativa o no, el cual debemos fundamentar sobre la indefensión en el procedimiento que la omisión del trámite nos ha ocasionado. Una vez agotada la vía del recurso administrativo, o bien directamente, se puede acudir a la vía contencioso-administrativa. Una vez presentado y admitido el recurso contencioso-administrativo será el juez quien decida cómo se ha de proceder, pudiendo desestimar las pretensiones del recurrente, confirmando que la actuación de la Administración es ajustada a derecho; o bien estimarlas total o parcialmente, en cuyo caso declarará la nulidad o anulabilidad del acto, pudiendo acordarse la retroacción del procedimiento al momento en que debió darse la audiencia, dando así la oportunidad a la Administración de subsanar el defecto.
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