El trámite de audiencia es una fase esencial del procedimiento administrativo, que permite al interesado defender su postura previamente a que la Administración resuelva el procedimiento, constituyéndose como un derecho del interesado en los casos así previsto por la ley. Su regulación básica se encuentra en el artículo 82 de la Ley 39/2015, pero su fundamento es de carácter constitucional.
En su artículo 105, cuando la Constitución Española se refiere a la regulación del procedimiento a través del cual han de producirse los actos administrativos, menciona expresamente que en dicho procedimiento debe garantizarse, cuando proceda, la audiencia al interesado. Con ese inciso, “cuando proceda”, el texto constitucional deja al legislador la tarea de concretar los casos en que se exija el trámite, así como aquellos en los que puede omitirse.
De este modo, la Ley 39/2015 dispone que es prescindible el trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas más allá de las aducidas por el interesado.
En el procedimiento sancionador este trámite cobra especial relevancia. En el acuerdo de iniciación de este tipo de procedimientos debe indicarse expresamente el derecho a formular alegaciones y a la audiencia, así como los plazos para su ejercicio. Otro procedimiento que exige la previa audiencia de los interesados es el de declaración de lesividad de actos anulables.
Por el contrario, se omite el trámite de audiencia de los interesados cuando los mismos manifiesten su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones antes del vencimiento del plazo que para ello se determina. Asimismo, cuando se sigue la tramitación simplificada del procedimiento administrativo tan solo se concede audiencia si la resolución va a resultar desfavorable para el interesado.
En el ámbito de los recursos administrativos, la audiencia de los interesados se tramita únicamente cuando hayan de tenerse en cuenta hechos nuevos o documentos no recogidos en el expediente originario.
Por último, cabe señalar que este trámite de audiencia supone una de las principales garantías de nuestro ordenamiento frente la indefensión de los interesados en el procedimiento, constituyendo su omisión una infracción del procedimiento que puede dar lugar a la anulación del acto administrativo.
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