El silencio administrativo positivo tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento a todos los efectos, esto es, equivale a una resolución expresa del mismo. Por ello, el artículo 24.4 de la Ley 39/2015 garantiza a los interesados que los actos administrativos producidos por silencio se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
Los efectos del acto se producirán desde el vencimiento del plazo máximo establecido para la resolución del procedimiento y notificación de la misma sin que la misma se haya producido de manera expresa. Según el artículo mencionado, la existencia del silencio puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho pero, además, se facilitará al interesado un certificado acreditativo del silencio producido.
Este certificado debe expedirse de oficio por el órgano competente para resolver, en el plazo de 15 días desde la expiración del plazo máximo del procedimiento. Si bien, si no se produce tampoco esa expedición de oficio, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, debiendo entonces el órgano expedirlo en 15 días máximo contados desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
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