Cuando la Administración no resuelve de manera expresa un procedimiento iniciado a solicitud de un interesado opera el silencio administrativo, creando una ficción jurídica gracias a la cual el interesado puede entender su pretensión estimada o desestimada de manera presunta.
Es el artículo 24 de la Ley 39/2015 el que recoge la norma general y las excepciones sobre el sentido del silencio en esos procedimientos. En primer lugar, establece que el vencimiento del plazo sin resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud, es decir, se trataría de un silencio administrativo positivo.
No obstante, continúa el precepto, el silencio será negativo si así lo dispone una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España; si bien, si el procedimiento tiene por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter negativo del silencio debe fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
Además, el mismo artículo recoge la siguiente serie de procedimientos, para los que establece que el silencio será siempre desestimatorio:
- Los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
- Los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia la transferencia al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.
- Los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- Los de impugnación de actos y disposiciones.
- Los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. Si bien, en los casos de recurso de alzada interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, el silencio se entenderá positivo, siempre que no se refiera a ninguna de las materias enumeradas en alguno de los cuatro primeros puntos.
Cabe señalar que, a pesar de tratarse de una resolución presunta, la estimación por silencio tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento; mientras que, la desestimación por silencio tan solo tiene los efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo procedentes.
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