Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos; pero la realidad es que no siempre lo hace, en ocasiones, ante una solicitud, recurso o procedimiento iniciado de oficio o a solicitud de un interesado, la Administración no proporciona respuesta o resolución. Eso es lo que se llama silencio administrativo, y sus efectos se contemplan en los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015.
Antes de abordar sus efectos, conviene saber que el silencio se produce cuando vence el plazo máximo de resolución y notificación de cada procedimiento, por lo que es importante conocer el plazo correspondiente al procedimiento que nos incumba.
Esta información sobre el plazo, según establece el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, debe mantenerse pública y actualizada en los portales web de las Administraciones. Además, los interesados deben ser informados acerca del plazo máximo de resolución del procedimiento en el que constan como tales y de los efectos que pueda producir un eventual silencio.
Respecto de cómo nos puede afectar como ciudadanos el silencio administrativo, cuando este se produce en el seno de un procedimiento iniciado a solicitud de un interesado se dice que puede ser un silencio positivo, si implica la estimación de lo solicitado por el interesado; o negativo, si su efecto es que se entiende desestimada la pretensión del interesado.
El silencio positivo supone un acto finalizador del procedimiento, desplegando los mismos efectos que tendría una estimación expresa de la solicitud; además, la Administración queda vinculada en caso de una eventual resolución extemporánea, es decir, si se dicta resolución con posterioridad únicamente podrá ser confirmatoria del sentido del silencio. Por el contrario, un silencio negativo únicamente tiene el efecto de abrir las puertas de los correspondientes recursos, que podrán ser interpuestos en cualquier momento por dirigirse contra un acto presunto.
Por otra parte, cuando el silencio se produce en un procedimiento iniciado de oficio, supone la desestimación de las situaciones jurídicas favorables que para los interesados pudieran haberse deducido del procedimiento; o la caducidad del procedimiento y archivo de actuaciones, en el caso de que fuera susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen al interesado.
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