Cuando el fin quiere devorar al Derecho

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela, a la luz del Derecho Internacional Público, es ilegal. Si partimos de esa premisa, el proceso judicial que se desarrollará en Estados Unidos se sustenta sobre bases jurídicas frágiles. Agrietadas, además, por las propias disonancias internas sobre la interpretación de su legislación. De ahí se desprenden, a su vez, dos constataciones. La primera, que el Derecho admite un notable margen de creatividad, y todo apunta a que la corte neoyorkina —si finalmente juzga al mandatario—, hará su trabajo en esa dirección, sorteando el vicio de origen invocando la discutible doctrina de “mal capturado, pero bien juzgado”: un comodín que desoye todo lo que haya sucedido antes de sentar al acusado. Y la segunda, que el cumplimiento del Derecho Internacional Público depende, en última instancia, de la voluntad de los propios Estados. Carece de un poder ejecutivo central.

La comunidad internacional

Durante décadas, la comunidad internacional ha atestiguado la progresiva decadencia de Venezuela y las sistemáticas irregularidades perpetradas por el régimen. Sin embargo, las consecuencias de esos actos han resultado, hasta la fecha, prácticamente inocuas para las élites que ostentaban y que todavía ostentan el poder. La estrategia global ha oscilado, sin rumbo fijo, entre sanciones estatales e individuales, el aislamiento y las mesas de diálogo. Por su parte, la justicia internacional, aunque ha dado pasos adelante, se ha visto ralentizada por unas garantías procesales que, en la práctica, han neutralizado su eficacia. Así las cosas, ha tenido que ser un magnate inmobiliario investido presidente de los Estados Unidos quien, de un plumazo, ha querido restablecer el orden.

Ese aparente orden es, en realidad, una imprudencia. Lo es porque sienta un precedente peligroso y nos devuelve a la ley del más fuerte. Si normalizamos que potencias como Estados Unidos extraigan por la fuerza a un jefe de Estado en ejercicio, la Unión Europea —por poner un ejemplo— pierde una enorme autoridad para oponerse si esa misma potencia decide anexionarse Groenlandia. El “cómo”, por tanto, como dice una colega de profesión, ha quedado relegado, desplazado por el “qué” y el “cuándo”. Lo ocurrido no es una cuestión de progresismo o conservadurismo, sino un debate ético y jurídico aquejado, al menos, por dos males. El primero, el creciente desprecio global por las reglas. Y el segundo, los intereses que despiertan los recursos naturales venezolanos y lo que ello significa para economías como la del régimen cubano, que más pronto que tarde colapsará si tiene que pagar el petróleo a precios de mercado.

UNA VEZ MÁS

No es la primera vez que Estados Unidos interviene en el tablero internacional para descabezar regímenes y gerifaltes. El historial es amplio: desde Guatemala con Jacobo Árbenz (1954) y Panamá con Manuel Noriega (1989), hasta las campañas más recientes en Irak contra Saddam Hussein (2003) o en Libia frente a Gadafi (2011). El juicio histórico sobre su éxito requiere otro capítulo; estas operaciones lograron sus objetivos inmediatos a costa de ignorar las consecuencias a medio y largo plazo. Además de que, descabezar al tirano no siempre desmantela las tiranías. Y no olvidemos el contexto actual: lo sucedido en Venezuela se despliega mientras se perfila, en paralelo, el plan de paz para la guerra entre Rusia y Ucrania. El mismo maestro de ceremonias viola con una mano la soberanía de un país latinoamericano, mientras con la otra intenta redefinir las fronteras del este de Europa. Dos escenarios con un denominador común: el control de los recursos naturales.

Podríamos decir que la presión de la comunidad internacional ha fracasado en Venezuela, pero dicho fracaso no legitima, de forma automática, el uso de la fuerza. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas es taxativo: prohíbe tanto la amenaza como el uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. La única excepción admisible es la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, o la legítima defensa, pero apelar al presunto “narcoterrorismo” del régimen de Nicolás Maduro no parece, en términos estrictamente jurídicos, un argumento lo suficientemente sólido para invocarla.

El régimen supo jugar durante años con las cartas marcadas de la comunidad internacional, pero ha salido el naipe definitivo. La lección es dura: cuando la diplomacia se agota y el interés estratégico es jugoso, el Derecho Internacional Público deja de ser una norma que ha de respetarse para convertirse en una mera sugerencia. Para potencias como Estados Unidos, la soberanía se transforma así en un concepto elástico; la prioridad es ejecutar la acción, bajo la opción de que siempre habrá tiempo después para justificar el “cómo”.

EN CONCLUSIÓN

Frente a la evidente decadencia de la clase política, debemos aferrarnos al Derecho como único refugio ante la arbitrariedad del poder político. Es una posición que trasciende cualquier trinchera ideológica. Sirva esta reflexión, pues, como un mensaje de esperanza: aunque en ocasiones parezca papel mojado, el Derecho sigue siendo una de las pocas certezas que no nos podrán arrebatar, por mucho que a veces únicamente sirva como crítica, o que los tiempos de la justicia no siempre coincidan con los nuestros.