• Evaluación inicial y asesoramiento: analiza la resolución expropiatoria, verifica su legalidad, plazos y requisitos formales, y explica las opciones disponibles (recurso, impugnación o negociación).

• Cálculo y defensa de la indemnización: determina el valor real del bien afectado (valor de mercado, daños emergentes, lucro cesante y otros perjuicios) y formula las reclamaciones económicas ajustadas a la normativa aplicable.

• Presentación de recursos y reclamaciones: prepara y presenta recursos administrativos o contencioso-administrativos, garantizando la correcta acreditación de hechos y pruebas, y defendiendo los intereses del afectado ante la Administración y los tribunales.

• Negociación con la Administración: gestiona negociaciones para alcanzar acuerdos o convenios que mejoren las condiciones ofrecidas por la Administración, incluyendo fórmulas de pago, compensaciones adicionales o medidas alternativas.

• Protección de derechos processales y patrimoniales: vela por el cumplimiento de plazos, asegura la obtención de garantías (aval, depósito, etc.) durante el proceso y protege contra ocupaciones y medidas provisionales que perjudiquen al titular.

• Asesoramiento sobre medidas preventivas y alternativas: orienta sobre opciones como la revisión previa de planeamiento urbanístico, acciones contra actos preparatorios ilegales o propuestas de permutas y reurbanización cuando proceda.

Contar con un abogado especializado aumenta las posibilidades de obtener una indemnización adecuada, agilizar procedimientos y evitar pérdidas patrimoniales derivadas de errores formales o de valoración.